Una parábola energética del siglo XXI
Estamos en un país del sur de Europa, en el año 2030. Un país muy bien dotado de recursos energéticos renovables (Sol, viento, agua, biomasa, etc.) en el que, un lejano día del año 2014, la ciudadanía decidió dejar su rol de vasalla y ejercer su poder de decisión, ante los atropellos a los que estaba siendo sometida por parte de aquellos que ejercían como señores feudales de la energía.
Este país había sido una vez un país en el que determinados sectores industriales y determinados sectores de la sociedad fueron capaces de afrontar el colosal reto y empezaron a desarrollar y utilizar las tecnologías que permitían abandonar la dictadura de los combustibles fósiles i nucleares, a la cual habían estado sometidos durante casi un siglo. Y lo consiguieron a pesar de la incompetencia de los responsables del Ministerio encargado de los asuntos de la energía, en gestionar una compleja ley, que, un día, el gobierno del susodicho país copió de un país europeo, en el que su Parlamento había obligado a su gobierno a adoptarla.
Y cuando ya se había empezado a caminar por la vía de la transición hacia una sociedad libre de combustibles fósiles y nucleares, o sea basada al 100% en energías renovables, los señores del feudo energético, al ver peligrar sus trasnochados privilegios, heredados de oscuras épocas pasadas y mantenidos intactos por los gobernantes de turno, decidieron ejercer su ‘derecho feudal de pernada’ sobre los gobiernos obligándoles a un nuevo acto de vasallaje (premiando, eso si, a responsables gubernamentales, con cargos en los consejos de administración de los feudos energéticos). Este acto de vasallaje consistió en desmontar toda la legislación que se había ido desarrollando y que tan buenos resultados había tenido, tanto en el desarrollo tecnológico de la industria del país, como en su aplicación en la transformación del sistema energético.
Pero, mira por donde, la sociedad, harta de tantas imposiciones y tanto abuso de poder, decidió liberarse de tanta tiranía y ejercer su inalienable derecho a la autodeterminación energética. Lo primero que, una buena parte de la población hizo masivamente, fue dejar de dar sus dineros (los de las facturas energéticas) a las empresas comercializadoras que eran propiedad de los oligopolios y hacerse clientes de las comercializadoras independientes que se habían creado en cada localidad (y que además comercializaban solamente energía limpia y verde).
El segundo paso fue la creación de plantas rebeldes de generación de energía. Todo el mundo se puso manos a la obra. Sacaron sus ahorros que tenían depositados en los bancos y crearon miles de iniciativas locales de inversión en tecnologías para captar y transformar en energía útil, las fuentes energéticas que se manifestaban en cada lugar. Y las conectaron a las redes, contra la voluntad manifiesta de los que se las habían apropiado, para demostrar que éstas deben estar al servicio de la colectividad.
La reacción de los oligopolios no se hizo esperar, pero la respuesta ciudadana fue ejemplar: denunciaron los abusos de poder a los cuales estaban sometidos por parte de los oligopolios, que eran propietarios de las redes de distribución, ante los tribunales de justicia. Y para sorpresa de muchos, los jueces, que también eran personas afectadas por los abusos del poder energético, entraron en liza y empezaron a pronunciarse a favor de la ciudadanía. Los oligopolios afectados, recurrieron en todas las instancias, hasta llegar a la corte internacional de justicia. Y ésta dio toda la razón a la ciudadanía, con lo cual todas las redes de distribución, de la noche a la mañana, dejaron de ser propiedad de los oligopolios y pasaron a estar en manos de la ciudadanía (de hecho la ciudadanía recuperaba su propiedad, pues ya había pagado con creces todas las redes de distribución de energía existentes en el país, mediante las abusivos precios que las empresas de los oligopolios de la energía imponían, con la complicidad de los gobiernos). La ciudadanía ejerció su derecho de propiedad, creando múltiples entidades locales (cooperativas, empresas ciudadanas, asociaciones de usuarios, etc.), que se convirtieron en titulares de todas las instalaciones de distribución de energía.
Y ¿como organizaron la gestión de todo este complejo entramado?. Ello se consiguió con la inestimable ayuda de técnicos que, habiendo trabajado al servicio de los oligopolios, decidieron dejar de ser mercenarios asalariados de los mismos y contribuir, con sus conocimientos y su trabajo, a crear el nuevo sistema energético del siglo XXI, descentralizado, limpio, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
Así fue, como un país del sur de Europa se liberó de los señores de la energía. Ello fue allá por el año 2015. Hoy, 15 años después, la ciudadanía del país disfruta de los beneficios ecológicos, sociales y económicos asociados a un sistema energético moderno, distribuido, limpio, renovable y democrático.
Sirva ello de parábola, para mostrar uno de los caminos que podría seguir nuestro país.
Pep Puig
Estamos en un país del sur de Europa, en el año 2030. Un país muy bien dotado de recursos energéticos renovables (Sol, viento, agua, biomasa, etc.) en el que, un lejano día del año 2014, la ciudadanía decidió dejar su rol de vasalla y ejercer su poder de decisión, ante los atropellos a los que estaba siendo sometida por parte de aquellos que ejercían como señores feudales de la energía.
Este país había sido una vez un país en el que determinados sectores industriales y determinados sectores de la sociedad fueron capaces de afrontar el colosal reto y empezaron a desarrollar y utilizar las tecnologías que permitían abandonar la dictadura de los combustibles fósiles i nucleares, a la cual habían estado sometidos durante casi un siglo. Y lo consiguieron a pesar de la incompetencia de los responsables del Ministerio encargado de los asuntos de la energía, en gestionar una compleja ley, que, un día, el gobierno del susodicho país copió de un país europeo, en el que su Parlamento había obligado a su gobierno a adoptarla.
Y cuando ya se había empezado a caminar por la vía de la transición hacia una sociedad libre de combustibles fósiles y nucleares, o sea basada al 100% en energías renovables, los señores del feudo energético, al ver peligrar sus trasnochados privilegios, heredados de oscuras épocas pasadas y mantenidos intactos por los gobernantes de turno, decidieron ejercer su ‘derecho feudal de pernada’ sobre los gobiernos obligándoles a un nuevo acto de vasallaje (premiando, eso si, a responsables gubernamentales, con cargos en los consejos de administración de los feudos energéticos). Este acto de vasallaje consistió en desmontar toda la legislación que se había ido desarrollando y que tan buenos resultados había tenido, tanto en el desarrollo tecnológico de la industria del país, como en su aplicación en la transformación del sistema energético.
Pero, mira por donde, la sociedad, harta de tantas imposiciones y tanto abuso de poder, decidió liberarse de tanta tiranía y ejercer su inalienable derecho a la autodeterminación energética. Lo primero que, una buena parte de la población hizo masivamente, fue dejar de dar sus dineros (los de las facturas energéticas) a las empresas comercializadoras que eran propiedad de los oligopolios y hacerse clientes de las comercializadoras independientes que se habían creado en cada localidad (y que además comercializaban solamente energía limpia y verde).
El segundo paso fue la creación de plantas rebeldes de generación de energía. Todo el mundo se puso manos a la obra. Sacaron sus ahorros que tenían depositados en los bancos y crearon miles de iniciativas locales de inversión en tecnologías para captar y transformar en energía útil, las fuentes energéticas que se manifestaban en cada lugar. Y las conectaron a las redes, contra la voluntad manifiesta de los que se las habían apropiado, para demostrar que éstas deben estar al servicio de la colectividad.
La reacción de los oligopolios no se hizo esperar, pero la respuesta ciudadana fue ejemplar: denunciaron los abusos de poder a los cuales estaban sometidos por parte de los oligopolios, que eran propietarios de las redes de distribución, ante los tribunales de justicia. Y para sorpresa de muchos, los jueces, que también eran personas afectadas por los abusos del poder energético, entraron en liza y empezaron a pronunciarse a favor de la ciudadanía. Los oligopolios afectados, recurrieron en todas las instancias, hasta llegar a la corte internacional de justicia. Y ésta dio toda la razón a la ciudadanía, con lo cual todas las redes de distribución, de la noche a la mañana, dejaron de ser propiedad de los oligopolios y pasaron a estar en manos de la ciudadanía (de hecho la ciudadanía recuperaba su propiedad, pues ya había pagado con creces todas las redes de distribución de energía existentes en el país, mediante las abusivos precios que las empresas de los oligopolios de la energía imponían, con la complicidad de los gobiernos). La ciudadanía ejerció su derecho de propiedad, creando múltiples entidades locales (cooperativas, empresas ciudadanas, asociaciones de usuarios, etc.), que se convirtieron en titulares de todas las instalaciones de distribución de energía.
Y ¿como organizaron la gestión de todo este complejo entramado?. Ello se consiguió con la inestimable ayuda de técnicos que, habiendo trabajado al servicio de los oligopolios, decidieron dejar de ser mercenarios asalariados de los mismos y contribuir, con sus conocimientos y su trabajo, a crear el nuevo sistema energético del siglo XXI, descentralizado, limpio, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
Así fue, como un país del sur de Europa se liberó de los señores de la energía. Ello fue allá por el año 2015. Hoy, 15 años después, la ciudadanía del país disfruta de los beneficios ecológicos, sociales y económicos asociados a un sistema energético moderno, distribuido, limpio, renovable y democrático.
Sirva ello de parábola, para mostrar uno de los caminos que podría seguir nuestro país.
Pep Puig
